Cuando las infraestructuras fallan, el costo se multiplica. Kristin abrió el choque; la factura se consolidó a lo largo de un ciclo de depresiones.

Lo primero que hay que decir sobre la depresión de Kristin y las dos semanas de tormentas que siguieron no es económico. Es humano. Hubo víctimas mortales y miles de personas quedaron sin condiciones básicas durante días. En el paso inicial de Kristin, Protección Civil informó de cinco muertos y más de 8.000 incidentes. En el “tren de tormentas” que afecta al país desde el 28 de enero, el número de víctimas mortales se eleva a 16.

Pero es precisamente por eso que el análisis económico importa. Porque cuando fallan infraestructuras críticas, el coste no se mide sólo en euros. Se mide en sufrimiento, riesgo y confianza perdida. Y porque la economía, cuando se ejerce bien, es también una disciplina de prevención: cifras bien delimitadas ayudan a reducir la probabilidad de que la próxima factura vuelva a ser pagada en vidas.

No fue sólo la meteorología lo que hizo que este episodio fuera económicamente destructivo. El IPMA registró un viento instantáneo máximo de 48,9 m/s (175,9 km/h) en la Base Aérea de Monte Real y admite que pueden haberse producido valores superiores en otros lugares, dada la interacción entre flujos y orografía. La REN, en un comunicado público

en el comunicado público citado por la prensa, se refirió a “vientos de unos 200 kilómetros por hora” durante el paso de Kristin. Lo que amplificó el choque fue el fallo en cascada -energía, movilidad y capacidad productiva- y, sobre todo, la persistencia.

En la distribución de electricidad, el pico fue inmediato: a las 6 de la mañana del 28 de enero, E-REDES registró un máximo de cerca de un millón de clientes sin suministro. Esta cifra en sí misma es compatible con un incidente grave pero recuperable. Lo que convirtió el suceso en una perturbación económica prolongada fue el tiempo de recuperación: el 10 de febrero todavía había 35.000 clientes sin suministro en las zonas más afectadas, con 26.000 en Leiria.

Cuando la interrupción se prolonga, deja de ser un “apagón” para convertirse en un “régimen”. Las empresas no sólo pierden horas; pierden ciclos de producción, plazos contractuales, existencias y reputación. El coste marginal del primer día es elevado. El coste marginal del décimo día es cualitativamente diferente: abre espacio a rupturas de cadena, sustitución de proveedores y decisiones de inversión que ya no vuelven al punto de partida cuando vuelve la electricidad.

La red de transporte también se vio afectada. La REN informó de 774 kilómetros de líneas de muy alta tensión fuera de servicio (alrededor de 7% de la red) y 101 postes de muy alta tensión derribados o gravemente dañados, estimando en “algunas semanas” la sustitución total. No se trata de un tecnicismo: es señal de que una parte del país no “esperó a que pasara el viento”; esperó a que se reconstruyeran las infraestructuras.

La movilidad amplificó el choque en un país en el que el flujo se concentra en pocos ejes. Cuando fallas simultáneas comprimen la redundancia, la logística deja de ser simplemente más lenta; se vuelve impredecible. Y la impredecibilidad es un impuesto invisible sobre una economía exportadora: penalizaciones contractuales, envíos urgentes, desperdicio de producción y, en el límite, pérdida de cuota por rotura de confianza.

Este riesgo ya ha aparecido sobre el terreno. Las empresas de la región Centro han informado de capacidad limitada, retrasos e incertidumbre sobre futuros pedidos, con referencias públicas a reevaluar la inversión cuando los daños físicos y las interrupciones se hagan persistentes.

El coste, en tres capas (con perímetros explícitos)

Hay tres capas que no deben confundirse.

En primer lugar, los daños físicos y el esfuerzo de reconstrucción. El Gobierno ha señalado unos costes directos de reconstrucción de más de 4.000 millones de euros, subrayando que se trata de una estimación preliminar y que excluye las pérdidas indirectas. Esta cifra es, por definición, una sustitución de capital físico; no es una “pérdida de PIB” en sentido estricto.

En segundo lugar, las pérdidas económicas de la actividad durante la interrupción. Esto incluye paradas de producción, energía no entregada, interrupciones logísticas y costes de explotación extraordinarios. El punto crucial es que el “coste energético” directo es sólo una parte del problema: en economía real, la pérdida se traslada rápidamente a la producción no entregada y a los contratos fallidos.

En tercer lugar, los efectos de segundo orden. Este es el canal más insidioso y el menos inmediatamente medible: clientes que diversifican proveedores, primas de riesgo implícitas más elevadas, inversiones aplazadas, deslocalizaciones ponderadas. Lo que se pierde aquí no es el PIB de un día; es la previsibilidad. Y la previsibilidad es un activo macroeconómico (inverso al riesgo - incertidumbre).

La reconstrucción no es prosperidad

Hay una trampa que Portugal no puede aceptar: confundir reconstrucción con crecimiento. La reconstrucción entra en el PIB, pero es PIB defensivo. Repone capital destruido, no aumenta la capacidad productiva. Y ocupa capital, equipos y tiempo que podrían estar aumentando la productividad y la competitividad del país.

El problema no está en el terreno. Está en el diseño.

Esta debilidad no sólo se explica por la ejecución operativa. Se explica por los incentivos. Los sistemas reguladores tienden a premiar la eficiencia en condiciones normales y a tratar la capacidad de recuperación como una externalidad, porque el “buen tiempo” es lo que más se mide y lo que más pesa en los indicadores. El resultado es previsible: redes eficientes en el día a día, frágiles en condiciones de estrés.

Con el cambio climático aumentando la frecuencia e intensidad de los fenómenos extremos, el “estrés” deja de ser una excepción y se acerca a una nueva normalidad. Y cuando deja de ser la excepción, la resiliencia deja de ser un coste para convertirse en una inversión.

Tres reformas prioritarias (principios, no retórica)

Portugal se enfrenta a una disyuntiva: restaurar como antes o incorporar la resiliencia como principio de diseño. La segunda opción es más cara a corto plazo, pero económicamente superior a lo largo del ciclo de vida.

Primero, endurecimiento selectivo en corredores críticos. La discusión seria no es “enterrar todo” (“todos los cables”); es “dónde tiene sentido pagar la prima de resiliencia”, basándose en el riesgo y el coste económico por hora de fallo: zonas industriales, nodos logísticos, servicios esenciales.

En segundo lugar, continuidad operativa en agrupaciones críticas. Crear condiciones técnicas y reglamentarias para el funcionamiento “en isla”, donde el coste de la interrupción es desproporcionado: generación distribuida, almacenamiento y conmutación inteligente. El objetivo no es la autosuficiencia permanente; es la continuidad bajo tensión.

En tercer lugar, SLA y penalizaciones proporcionales al coste económico, no sólo al volumen de clientes. Diferenciar los tiempos máximos de reposición por criticidad y alinear los incentivos con el valor económico destruido por hora de interrupción. Sin esto, el sistema tiende a optimizar el indicador más fácil, no el coste más relevante.

Al final, la pregunta que deja este ciclo de tormentas no es solo “¿cuánto costó?”. Es: ¿cuánto cuesta, cada año, vivir sin redundancia, hasta el día en que el clima decide cobrarse la factura? ¿Y cuántas personas más tendrán que pasar días sin condiciones básicas antes de que aceptemos que la resiliencia no es un lujo de ingeniería, sino una condición de dignidad y competitividad para un país?

Portugal puede elegir volver a la normalidad. O puede elegir construir de otra manera. La primera opción es más barata este año. La segunda es más barata esta década.